• Establece que el tribunal arbitral debe estar constituido por un árbitro único. La conformación de un tribunal colegiado solo será posible cuando las partes así lo hayan pactado y la cuantía de la controversia supere las 03 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 12 450.00).
• Confiere al árbitro la facultad de propiciar que las partes arriben a un acuerdo conciliatorio.
• Permite que los proveedores se adhieran parcialmente al sistema de arbitraje de consumo en los siguientes casos: (i) Adhesión para determinados productos o servicios; y/o (ii) Adhesión para analizar únicamente la petición de indemnización por daños patrimoniales.
• Indica que los tribunales arbitrales no serán competentes en materia de controversias por intereses que afecten a un universo indeterminado de consumidores.
• Establece que, de fijarse una indemnización a favor del consumidor, esta resultará de la comparación entre el escenario real (luego de producido el daño) y el escenario contrafactual (si no hubiera ocurrido ningún hecho infractor). La carga de la prueba sobre el daño sufrido recaerá en el consumidor.
• Consagra la gratuidad del proceso arbitral para proveedores y consumidores.
• Señala que el incumplimiento del laudo generará el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en contra del proveedor infractor.
  

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